Promover y proteger los derechos humanos de las personas con trastornos mentales

En todo el mundo, las personas con trastornos de salud mental están expuestas a una serie de violaciones de los derechos humanos.

Con frecuencia, la estigmatización que afrontan hace que se las margine socialmente y no se les dispensen la atención ni los servicios ni el apoyo que necesitan para desarrollar una vida plena en la comunidad. En algunas comunidades, las personas con trastornos mentales son abandonadas semidesnudas o vestidas con harapos en las afueras de la ciudad o aldea, atadas, golpeadas y sin comida.

En muchos hospitales de salud mental las personas están apenas mejor. Se les mantiene encadenadas, confinadas en camas con barrotes, privadas de ropa, ropa de cama, agua potable o baños adecuados, y son objeto de abusos y negligencia. Además, las personas con trastornos de salud mental sufren discriminación cotidianamente, en particular en los ámbitos de la educación, el empleo y la vivienda. En algunos países, incluso, se les prohíbe votar, casarse o tener niños.

¿Cómo se pueden evitar esas violaciones?

• Ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. La inminente entrada en vigor de la Convención es un hito importante en los esfuerzos por promover, proteger y asegurar el ejercicio pleno e igualitario de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad. Los países deberán armonizar sus políticas y legislaciones con la Convención, a fin de asegurar que esta promueva la autonomía, libertad, capacidad jurídica y participación de las personas con trastornos de salud mental, así como los diversos servicios que necesitan para vivir de forma independiente en la comunidad.
• Cambiar actitudes y mejorar la sensibilización. Los Ministerios de Salud, las organizaciones de personas con trastornos de salud mental, los profesionales sanitarios, las ONG, incluidas las organizaciones de personas discapacitadas, las instituciones académicas, las asociaciones profesionales y otras partes interesadas deberán aunar esfuerzos para informar al público y cambiar sus actitudes respecto de las enfermedades mentales, y defender los derechos de las personas con trastornos mentales. 
• Velar por los derechos humanos en las instituciones de salud mental. Se deberán establecer medios para evaluar la calidad de la atención y la situación en lo concerniente a los derechos humanos, a fin de proteger a las personas contra tratos inhumanos o degradantes, condiciones de vida inadecuadas e internación y tratamiento involuntarios. Las personas deberían poder presentar quejas en casos de violaciones de los derechos humanos.
• Empoderar a las personas con trastornos de salud mental y a sus familias.  Los gobiernos deberán apoyar la creación y/o el fortalecimiento de organizaciones de personas con trastornos de salud mental, así como organizaciones de sus familias. Esos grupos están en la mejor situación para destacar los problemas, especificar sus necesidades y contribuir a encontrar soluciones para prevenir violaciones y mejorar los servicios de salud mental y otros servicios necesarios en los países. Los gobiernos tienen una función esencial que desempeñar en la formulación y aplicación de políticas, planes, leyes y servicios.
• Reemplazar instituciones psiquiátricas por atención comunitaria. Las grandes instituciones, frecuentemente asociadas con violaciones de los derechos humanos, se deberían reemplazar por servicios comunitarios de atención de salud mental respaldados con camas de psiquiatría en hospitales generales y apoyo de atención domiciliaria. Los servicios de salud mental se deben vincular a servicios y apoyos comunitarios que permitan a las personas con trastornos de salud mental disfrutar de oportunidades de educación, empleo y servicios sociales y de vivienda en pie de igualdad con las demás personas.
• Aumentar la inversión en salud mental. Los gobiernos deben dedicar más recursos de sus presupuestos de salud a la salud mental. Además, es preciso formar y capacitar al personal de salud mental de cada nivel del sistema de atención de salud para asegurar que todas las personas puedan acceder a servicios de salud mental de buena calidad orientados a promover la recuperación y el respeto de los derechos humanos.